El 10 de diciembre, el Senado uruguayo ratificó el Proyecto de Ley de economía social y solidaria. Con esta normativa se valida el impulso a las entidades de este espacio económico común y se reafirma la importancia del movimiento cooperativo en la gestión conjunta de la política pública. Tal como señaló Graciela Fernández, presidenta de Cooperativas de las Américas y de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), la confederación ha sido una impulsora de la reflexión y del debate sobre el tema.
La ley tiene por objeto reconocer, promover, y apoyar a la Economía Social y Solidaria. Se declara de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la Economía Social y Solidaria, en cualquiera de sus expresiones. En el artículo 7 de esta ley se indica que el Estado garantizará y promoverá la constitución, el libre desarrollo, el fortalecimiento y la autonomía de las entidades de la Economía Social y Solidaria, en todas sus expresiones económicas y sociales.
El Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP) será el organismo encargado de impulsar las políticas y programas específicos destinados al desarrollo y el fortalecimiento del sector. Estas entidades podrán favorecerse de las herramientas disponibles en el Instituto, como el Fondo para el Desarrollo (FONDES-INACOOP) que tienen por finalidad favorecer la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento.
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